COMPROMETE A LOS FARMACÉUTICOS EN LOS PLANES DE SALUD

"Por su alcance poblacional y potencial para la prevención, promoción y protección de la salud", la farmacia debe participar como parte de la estrategia de trabajo de toda la primaria. Así lo prevé el anteproyecto de Ley de Salud Pública, que sugiere el pago o subvención de ciertos servicios.

El anteproyecto de Ley General de Salud Pública que ha elaborado el Gobierno establece que "las administraciones sanitarias promoverán el desarrollo de programas de salud pública con la participación de las oficinas de farmacia mediante el establecimiento de conciertos con los colegios profesionales", y añade que "estos conciertos incluirán subvenciones económicas u otros beneficios o ayudas con cargo a fondos públicos". Estas expresiones abren la puerta a la posibilidad de acordar acciones y programas especiales con participación de las farmacias en las que las boticas recibirían compensación económica por realizar estos servicios extra.

El texto de la nueva ley recoge un reconocimiento del farmacéutico como agente sanitario y plantea vías para su potenciación profesional. Así, el texto dice que "para la promoción de la salud y la prevención como actuaciones prioritarias del Sistema Nacional de Salud" es necesaria la implicación de "las sociedades científicas, los colegios profesionales y las oficinas de farmacia", ya que "se trata de coordinar y lograr una colaboración eficaz entre los servicios de salud pública y los servicios asistenciales de primer nivel".El texto del anteproyecto fija que las administraciones sanitarias deben facilitar la participación de los profesionales farmacéuticos en los programas de salud pública "por su alcance poblacional y potencial para la prevención, promoción y protección y de la salud".

POTENCIAR LA BOTICA

Este papel de la oficina de farmacia estaba previsto en términos generales en las leyes sanitarias ya existentes, pero la botica ha venido ganando protagonismo como primera toma de contacto de los pacientes con el Sistema Nacional de Salud (SNS) y los colegios han venido reclamando de la Administración gestos y normas que anclen el papel del farmacéutico comunitario como agente sanitario, al margen de su relación laboral o jurídica con la sanidad pública. Por otra parte, un informe de la Comisión de Sanidad del Senado, ratificado en la Cámara Alta la semana pasada, sobre los recursos humanos en el SNS, subraya la necesidad de dar más importancia profesional al farmacéutico, por razones de salud y por su papel en la gestión de medicamentos y en la necesidad de recortar el gasto, y aumentar los servicios, sugiriendo incluso la posibilidad de remuneración de los mismos, desde las oficinas de farmacia.

El anteproyecto prevé que el Gobierno, dos años después de que esta ley entre en vigor, presente un nuevo texto legal en que se refunda esta norma con la Ley General de Sanidad y en el que se armonice la actual Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Ese nuevo texto constituirá la nueva ley base de la sanidad española para las próximas décadas.

"Se trata de asegurar y mejorar la salud de la sociedad española, la actual y la que seremos en varias décadas como contribución decisiva al bienestar tanto por el efecto neto de la ganancia en salud en el propio bienestar como de la contribución de ésta a la sostenibilidad de los servicios sanitarios y sociales, sin olvidar la contribución a la sostenibilidad general", afirma el texto en su exposición de motivos.Miquel Porta, catedrático de Salud Pública, dice que hay que acabar con un "consumismo sanitario que no rinde beneficios en términos de salud".

MÁS DERECHOS PARA LOS PACIENTES

El anteproyecto prevé una serie de garantías para los ciudadanos ante las administraciones sanitarias

•Derecho a una valoración no sesgada del valor de las intervenciones sanitarias.

•Derecho a que se valore directa o indirectamente el valor en términos de salud o en cualquier otro efecto deseado de cualquier intervención sanitaria.

• Todas las personas que decidan sobre la adquisición, implantación o inserción en un programa de cualquier medida o intervención sanitaria deben registrar una declaración de intereses que se actualizará para cualquier nueva decisión.

•Los administradores, funcionarios y cualquier profesional sanitario debe abstenerse de recibir cualquier tipo de remuneración u obsequio de entidades o empresas que puedan tener un interés que pueda afectar a sus decisiones.

La ley vigilará que no se influya en la prescripción

El anteproyecto de Ley General de Salud Pública, en su artículo 14, dice que, "por regla general, los administradores, funcionarios y cualquier profesional sanitario debe abstenerse de recibir cualquier tipo de remuneración u obsequio de entidades o empresas que puedan tener un interés que pueda afectar a su toma de decisiones ; asimismo, se abstendrán de aceptar invitaciones para asistencia a actos, viajes o cualquier evento que por sus características se interprete que puede afectar a sus decisiones".El texto fija que se requerirá una declaración de intereses de todas las personas que participen en cualquier comité, comisión o grupo que valore directa o indirectamente el valor en términos de salud o en cualquier otro efecto deseado de cualquier intervención sanitaria. Fernando Benavides, uno de los expertos que han participado en la redacción del texto legal (ver información principal), señala que es un precepto necesario y que no se dirige sólo a los laboratorios. José Zamarriego, director de la Unidad de Supervisión Deontológica de Farmaindustria, dice que está de acuerdo con una norma orientada a que un profesional no sea influido en sus decisiones.

No habrá una Agencia Estatal de Salud Pública

El anteproyecto de Ley de Salud Pública no hace mención a la creación de la anunciada agencia estatal de salud pública, un organismo de carácter autónomo con presupuesto propio y capacidad de contratación que Sanidad quería crear para gestionar todas las políticas de salud pública y coordinar a las agencias autonómicas. Finalmente, las medidas de contención del déficit público han dado al traste con un proyecto que apoyan varios expertos que fueron consultados por Sanidad y que la semana pasada expresaron su esperanza de que en el trámite parlamentario el texto mejore. Fernando Benavides, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, y asesor en la redacción del anteproyecto señala que "es necesaria una agencia que permita profesionalizar más la salud pública con autonomía suficiente", aunque, añade, "en todo caso la ley supone un avance sin ella". Por contra, Benavides subraya que la ley creará un nuevo Consejo Estatal de Salud Pública, con carácter consultivo encargado de proponer al Gobierno la Estrategia Estatal de Salud Pública que vigilará el impacto en salud de todas las políticas nacionales, lo que palia, en parte, la ausencia de agencia.

Fuente : Correofarmacéutico.com, 12-7-2010